Guatemala

El país, que protagonizó una primavera democrática, ve cómo jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción marchan al exilio, mientras el presidente ...

Para estas fuentes son estos grupos poderosos los que empujan a Guatemala al abismo y son los que generan la desesperanza que ha llevado al grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos ha tomar el campus como forma de demostrar su hartazgo al sistema. El miércoles se realizó la primera audiencia del caso, en la que Zamora reiteró su inocencia y afirmó que se trata de una persecución de Giammattei por las publicaciones que relevan corrupción y abuso de poder, hechas por elPeriódico, el diario que fundó en 1996. Durante su mandato, Giammattei ha logrado el control de las instituciones, sobre todo del aparato de justicia, y para ello se ha valido de un personaje controvertido: la fiscal general Consuelo Porras, señalada por los fiscales y jueces condenados al exilio de ser la artífice de los juicios en su contra. “Esta fundación tiene supeditado al Ministerio Público. Fue creada en 2013 para apoyar a los exmiembros de las fuerzas de seguridad que estaban siendo procesados en medio de la justicia transicional por casos de crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada”, explica la fuente en referencia al largo conflicto armado que dejó más de 200.000 muertos en Guatemala (1960-1996). El día de la audiencia contra Zamora, EL PAÍS preguntó a Méndez Ruiz por qué participaba como querellante en el juicio. Se logró detectar que se había ejecutado extrajudicialmente a reos que estaban en una penitenciaría llamada Pavón. Se logró vincular al proceso al presidente porque dio órdenes para que ejecutaran a varios privados de libertad, pero por algunas circunstancias de impunidad y corrupción se sobreseyó el caso en su contra”, afirma. La guerra contra los jueces y fiscales independientes que luchan contra la corrupción en Guatemala ha dejado ya una veintena de víctimas, funcionarios que han marchado al exilio por las amenazas en su contra. Morales decidió romper con el acuerdo que mantenía Guatemala desde hace 12 años con la institución de Naciones Unidas y ordenó la salida de los funcionarios extranjeros del organismo, liderados por el juez colombiano Iván Velásquez, considerado el látigo contra la corrupción en Guatemala, y quien ahora estará al frente del Ministerio de Defensa colombiano bajo el Gobierno de Gustavo Petro. Cuando finalizó la CICIG se dejó un informe con las falencias del sistema de justicia. Del exilio sabe Flor Gálvez, abogada que trabajó con la CICIG. Sin mencionar por seguridad dónde se encuentra ahora, Gálvez explica que ella trabajó en casos de corrupción muy sonados, que incluyeron la sustración de dinero del Ministerio de Defensa, en la que se vinculó a un hijo del exdictador Efraín Ríos Montt. “Tocamos estructuras vinculadas a la financiación electoral, con empresarios de alto nivel de la cámara empresarial. Esto generó anticuerpos en contra de la CICIG”, explica Gálvez. “Veníamos trabajando en un sistema penal muy debilitado y corrupto y exponer toda esa corrupción fue molesto para las Cortes, magistrados y jueces que querían mantener ese statu quo. Siete años después de aquel derroche de felicidad, los guatemaltecos se preguntan qué pasó con su país, que parece ahora sumergido en un deterioro sin retorno. Solo nos queda la resistencia”, asegura esta joven, mientras sus compañeros levantan barricadas para impedir la entrada al campus de las fuerzas de seguridad o grupos de choque que amenazan con reventar su protesta.