Ley 32108

¡La ley que se genera debate y caos en el Congreso!

La Ley 32108 genera fricciones entre congresistas, gremios y la ciudadanía. ¡Entérate de todo lo que se mueve en el Congreso!

La reciente controversia en torno a la Ley 32108 ha vuelto a poner los reflectores sobre el Congreso de la República del Perú. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, expresó su confianza en que los proyectos de ley relacionados con esta polémica norma se revisen a fondo. Este debate surge en un contexto donde diversas voces, desde penalistas hasta gremios de transporte, claman por una revisión o posible derogación de la ley, acusándola de obstaculizar la lucha contra la criminalidad.

El debate se intensificó cuando el congresista Roberto Sánchez presentó un proyecto para derogar la Ley 32108, que trajo consigo modificaciones al Código Penal y que muchos consideran un freno en las diligencias de incautación de bienes relacionados con el crimen organizado. Según fuentes de La República, algunos voceros de la Junta de Portavoces se manifestaron en contra de someter a consideración la derogación, generando un ambiente de tensión en el Parlamento.

Además, los gremios de transporte han amenazado con un paro nacional si el Congreso no actúa de manera contundente sobre esta ley, argumentando que su implementación ha incrementado la inseguridad y ha favorecido a organizaciones criminales. En las últimas semanas, el descontento de la población ha crecido, y las manifestaciones son un claro reflejo de esto, evidenciando el desasosiego que ha provocado la normativa en cuestión.

En medio de este torbellino político, la norma sigue siendo objeto de discusión, mientras que su permanencia o eliminación se mantiene en la balanza. La Ley 32108, aunque es vista por algunos como necesaria, también genera una preocupación latente en la ciudadanía por sus posibles implicaciones en la seguridad pública y el estado de derecho.

De hecho, es curioso ver cómo leyes que buscan corregir situaciones pueden terminar generando un efecto contrario, como un boomerang político. Además, en contextos donde la seguridad es una prioridad, la manipulación de normativa penal puede intensificar la desconfianza tanto en las instituciones como en el sistema legislativo. Ahora nos preguntamos: ¿saldrá adelante la propuesta de derogación, o seguirán los debates interminables en el Congreso?